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Insolvencia punible: ¿Cuándo se comete el delito?

El delito de insolvencia punible es aquel que se produce cuando encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se oculten actos que perjudiquen los intereses de los acreedores en una sociedad. La insolvencia punible es un delito económico recogido dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Se regula en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal.

Bufete Sempere Jaén a través de su despacho de abogados especializado en el área penal, te explica en qué consiste este delito, cómo se regula y qué conductas provocan esta calificación.

¿Qué requisitos constituyen un delito de insolvencia punible?

Para que sean delito, todas estas conductas han de realizarse en situación de insolvencia actual o inminente o causar una situación de insolvencia posterior. El listado se recoge en el artículo 259 del Código Penal:

  • La ocultación, destrucción o provocación de daños a los bienes o elementos patrimoniales de la masa del concurso.
  • Los actos de disposición a través de la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales.
  • Aquellas operaciones de venta o prestaciones de servicio por un coste por debajo de adquisición o producción sin justificación económica.
  • La simulación de créditos de terceros o el reconocimiento de créditos ficticios.
  • La participación en negocios especulativos sin justificación económica cuando sea contraria al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos.
  • El incumplimiento del deber legal de llevar contabilidad, llevar una doble contabilidad o cometer irregularidades en el proceso.
  • La destrucción o alteración de los libros contables, de forma que se impida o dificulte la valoración de la situación financiera.
  • La ocultación, destrucción o alteración de la documentación que el empresario esté obligado a conservar, de forma que se impida o dificulte la valoración de la situación financiera.
  • Cuando se llevan los libros contables o las cuentas anuales de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se impida o dificulte la valoración de la situación financiera.
  • Cualquier otra acción u omisión que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. Es decir, la falta de la diligencia debida en la gestión.

¿Cómo está tipificado este delito en el cógido penal?

Si las conductas contempladas en el artículo 259.1 se cometen por imprudencia, el castigo a imponer será menor. Para estos casos se prevé una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de 12 a 24 meses.

Por otro lado, la pena a imponer por el delito de insolvencia punible se elevará en los siguientes supuestos:

  • Cuando el perjuicio económico se produzca (o pueda producirse) en una generalidad de personas, y también cuando pueda ponerlas en una grave situación económica.
  • En los supuestos en los que el perjuicio económico de alguno de los acreedores supere los 600.000 euros.
  • Si al menos la mitad de los titulares de los créditos concursales son la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

¿Cuándo se puede iniciar la persecución del deudor?

Para perseguir penalmente al sujeto pasivo de un derecho de crédito no es necesario esperar a la pronunciación del caso en el ámbito civil. De hecho es que, aun existiendo una calificación civil previa de insolvencia, no vinculará al juez penal.

La razón que lo justifica está en que a partir de 1995, el Código Penal comenzó a regular estas cuestiones con autonomía, independizándose de la legislación mercantil y la jurisdicción civil.

 

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